Constitucionalismo progresista vs. Constitucionalismo perverso

La influencia de la Constitución de 1991 en el Estado de Excepción en Colombia 

Texto de Camilo Alberto Quintero Jiménez

Como bien lo muestra el profesor Mauricio García en su escrito “Constitucionalismo Perverso: Normalidad y anormalidad constitucional en Colombia 1957-1997”, el Estado colombiano a sido configurado a nivel normativo y social en buena parte a través del ejercicio de las facultades extraordinarias que recaen en cabeza del ejecutivo a través de la figura del Estado de excepción.  

Con ocasión de la reunión de la asamblea nacional constituyente y posterior nacimiento de la Constitución política actual, la figura del estado de excepción fue revisada y reestructurada, y en esa medida se cambiaron a nivel normativo, varias de las características que tenía la figura anteriormente. El propósito de este escrito es exponer, en primer lugar, en que consisten los cambios constitucionales de la figura del Estado de excepción y que implicaciones tienen estos cambios a nivel teórico.  

Análisis normativo

Constitución 1886[1]

Ya en 1886 el art. 121 de la constitución nacional consagraba la posibilidad de decretar el Estado de excepción en los casos de “guerra exterior o conmoción interior”[2], este artículo opero tal y como fue consignado en esa época hasta el acto legislativo Nº 1 de 1960 que condiciono el ejercicio de la facultades extraordinarias del presidente a la convocatoria del congreso, decreto la reunión de las cámaras legislativas durante el Estado de sitio y obligo a la Corte Suprema  de Justicia a hacer revisión de los decretos legislativos que el congreso demandara en un término de 6 días, tiempo durante el cual quedaban en suspenso dichos decretos. El acto legislativo Nº 1 de 1968 introdujo el estado de emergencia económica y social, instituyo la revisión obligatoria y automática  por parte de la Corte Suprema de Justicia de todos los decretos legislativos que fueran promulgados en estado de excepción, y además se consagro la responsabilidad del presidente y los ministros cuando decretaran turbado el orden público sin haber ocurrido guerra exterior ni conmoción interna.

De la normatividad expuesta se sigue que las características definitorias del Estado de excepción antes de la constitución de 1991 eran las siguientes:

·       Ausencia de limitación temporal: Antes de 1991 los estados de excepción no tenían limitación temporal objetiva[3], la duración de las prerrogativas extraordinarias del ejecutivo se extendían hasta el momento en que cesara la perturbación.

·       Declaración del Estado de excepción por parte del ejecutivo: Era el presidente quien según su criterio definía cuando se estaba en situación de turbación del orden público. Estas facultades no estaban sujetas a control de ningún órgano constitucional. A partir de 1968 la Corte Suprema tenia el control de dicha declaración, sin embargo manejo la tesis de control formal y no material y por lo tanto no ejercía control efectivo frente a las materias. 

·       Facultades omnímodas por parte del ejecutivo: El ejecutivo no tenia limitación alguna frente a sus facultades en estado de excepción fuera de las que le imponía el derecho de gentes, no se estipulaba en forma clara el respeto obligatorio a los derechos y garantías fundamentales. 

·       El congreso no tenía control de los decretos legislativos: El congreso aunque a partir de 1960 se reunía durante el estado de excepción no tenía función alguna frente al control de las facultades del ejecutivo. Solo la Corte Suprema de Justicia tenía la posibilidad de controlar los decretos.[4]

·       No existían límites objetivos frente a la legislación de excepción: Frente a la constitución de 1886 el gobierno solo tenía como limite en su creación legislativa la conexión de estas con los motivos de la perturbación que se pretendía superar. 

·       Confusión entre la guerra exterior y la conmoción interior: En la vieja constitución el mismo artículo regulaba la guerra interior y la conmoción interior, esto igualaba las potestades del ejecutivo en ambos eventos.

·       Se permitió hasta 1887 que autoridades  judiciales militares juzgaran a civiles.

Constitución 1991

La Constitución de 1991 regulo los estados de excepción en el Titulo VII – capítulo VI[5]. Dicha regulación comporta ciertas diferencias (a nivel normativo) frente a lo consagrado en la constitución anterior, las cuales se reseñaran a continuación:

·       Limitación temporal objetiva: En los casos de conmoción interior y estado de emergencia económica y social la constitución limita el tiempo en noventa días prorrogables en 2 oportunidades y en 30 días respectivamente.

·       Se separa la regulación de la conmoción interior de la de la guerra exterior. 

·       Se exige la relación directa entre los decretos legislativos y los motivos de declaración de la excepción. 

·       Se consagra expresamente que no se podrán suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales, se hace posible según la ley estatutaria de los estados de excepción (ley 137 de 1994) la limitación de derechos fundamentales teniendo como limite de esta limitación el núcleo esencial de las mismas. Se consagra la proporcionalidad entre los motivos de declaratoria de la excepción y la gravedad de los hechos. 

·       Con la sentencia C-004 de 1992 la corte valida la tesis de control material a la declaración de los Estados de excepción y así asume un control real sobre dichos decretos. 

·       Los poderes excepcionales del ejecutivo se circunscribirán a lo estrictamente necesario para conjurar la situación de anormalidad. 

·       Se califica la turbación del orden público (caso de la conmoción interior) como grave, que atente inminentemente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias  de las autoridades de policía. 

·       Se consagran en la ley estatutaria los principios de finalidad, necesidad, motivación de la incompatibilidad, proporcionalidad y no discriminación como guías de la actuación ejecutiva en el Estado de excepción. 

·       Se prohíbe expresamente el juzgamiento de civiles por parte de militares.

Implicaciones teóricas

Según vimos en las exposiciones anteriores la paradoja del estado de excepción que consiste en ser creado por el derecho, pero al momento de su aplicación suspender el derecho mismo para garantizar su validez, parte según Agamben del concepto de soberanía que tendría la misma naturaleza paradójica que el estado de excepción. Así, el estado de excepción seria la expresión del poder soberano incluida en el derecho que suspende la validez del mismo. El profesor Carlos Parma parafraseando a Giorgio Agamben dice lo siguiente del Estado de excepción: “Se trata – según este filosofo italiano- de reducir el ser humano a la “nuda vida”, es decir, individuos despojados de su condición de ciudadanos y reducidos a simple existencia. El estado de excepción crea una especie de “limbo legal” en el que se suspende todo estado de derecho. Los individuos desprovistos del derecho y en muchos casos de humanidad, pasan a estar en disponibilidad; con sus cuerpos todo o casi todo puede hacerse”[6].

Por su parte la jurisprudencia constitucional en la sentencia C-004 del 7 de mayo de 1992 plantea lo siguiente: “La regulación constitucional de los estados de excepción (…) responde a la decisión del constituyente de  garantizar la vigencia y eficacia de la Constitución aun en situaciones de anormalidad. La necesidad no se convierte  en fuente de derecho y en vano puede apelarse en nuestro ordenamiento al aforismo salus reipublicae suprema lex est, cuando, ante circunstancias extraordinarias, sea necesario en nuestro ordenamiento adoptar normas y medidas que permitan enfrentarlas”[7]

Como vemos, la regulación  de la Constitución  de 1991 frente a los Estados de excepción (en oposición con la  flexible regulación manejada en vigencia de la constitución de 1886), contrario a darle la posibilidad al estado de excepción de suspender el Estado de derecho, busca garantizar su realización efectiva dentro de la situación de anormalidad que origina el estado de excepción. Si bien se limitan algunas prerrogativas constitucionales de los ciudadanos y se otorgan poderes excepcionales al ejecutivo, estos poderes se encuentran limitados en todo momento por el núcleo esencial de los derechos fundamentales y los derechos humanos, y por los principios de   finalidad, necesidad, motivación de la incompatibilidad (en el evento en que se suspendan normas jurídicas), proporcionalidad y no discriminación. La paradoja mencionada del estado de excepción se matiza, ya que ya no es una prerrogativa jurídica que suspende el estado de derecho, sino que tan solo lo limita pero sigue encontrándose dentro de su orbita de regulación. El estado de excepción en la Constitución colombiana no llega ha pregonar la diferencia entre la “nuda vida” y la “vida buena”, porque toda la vida siempre se protege siempre por el núcleo esencial de los derechos fundamentales que es ajeno a la limitación del estado de excepción.

Lo anterior nos lleva a que el estado de excepción en la forma en que lo entiende Agamben, seria inconstitucional dentro de la orbita del ordenamiento jurídico colombiano y a que tesis como la del derecho penal del enemigo defendida por Jakobs en las que un ciudadano o una persona pierde dicha calidad y es tratada como enemigo, y por ende se le aplica una normatividad penal de excepción que obvia el respeto a los derechos fundamentales y  a las garantías procesales seria también a todas luces inconstitucional en Colombia.

 

[1] Este aparte se trabaja especialmente siguiendo el  texto “Los Estados de excepción en Colombia”. Camargo, Pedro Pablo. Los estados de excepción en Colombia. Leyer. Segunda edición. Bogotá. 1996.

[2] Constitución política de 1886. “Art. 121-  .- En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, podrá el Presidente, previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella.

Mediante tal declaración quedará el Presidente investido de las facultades que le confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le da el Derecho de gentes, para defender los derechos de la Nación o reprimir el alzamiento. Las medidas extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo que, dentro de dichos límites, dicte el Presidente, serán obligatorios siempre que lleven la firma de todos los Ministros.

El Gobierno declarará restablecido el orden público luego que haya cesado la perturbación o el peligro exterior; y pasará al Congreso una exposición motivada de sus providencias. Serán responsables cualesquiera autoridades por los abusos que hubieren cometido en el ejercicio de facultades extraordinarias.”

[3]  Tan es así que se dieron estados de sitio que duraron 3 años, 6 meses y 26 días (iniciando en mayo 21 de 1965); 5 años, 8 meses y 13 días (empezando en octubre 7 de 1976)  y  7 años, 2 meses y 5 días (empezando en mayo 1 de 1984). García Villegas, Mauricio. Constitucionalismo Perverso. Normalidad y Anormalidad Constitucional en Colombia: 1957-1997. El Caleidoscopio de las justicias en Colombia. Tomo I. 2001. Bogota. p. 327.

[4] En este periodo la gran mayoría de los decretos fueron declarados constitucionales, incluso algunos claramente violadores de los derechos fundamentales como el “Estatuto de Seguridad” y el “Estatuto Antiterrorista”.  

[5] Constitución Política de Colombia. Editorial Leyer. Bogota. 2003.

[6] Parma, Carlos. Reexaminando el derecho penal. Memorias XVIII congreso latinoamericano X iberoamericano I nacional de derecho penal y criminología. Editorial Leyer. Bogota. 2006. p. 18

[7] C. Const., Sent. C-004, mayo 7 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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