Poder Constituyente y Crisis Política en Colombia

Poder constituyente para una sociedad fragmentada y en conflicto: El origen constituyente de la crisis política en Colombia

Texto: MEJÍA QUINTANA, Oscar. “El Poder Constituyente en Negri y Habermas: Aproximaciones descriptivas y perspectivas críticas”. Poder constituyente, conflicto y constitución en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes (CIJUS). 2005.

 
Reseña de María Carolina Anderson

El debate en torno a la organización política del conglomerado social (esfera pública) ha sido uno de los ejes temáticos de la filosofía política, de la teoría jurídica, de la sociología y de otras ciencias sociales a lo largo de la historia sin que se haya podido llegar a una conclusión univoca sobre cuál es la mejor forma de estructuración de las instituciones públicas.

No obstante, Occidente cuenta con algunos referentes conceptuales producto de un devenir histórico que sumó elementos variados para la construcción de la institucionalidad moderna. Estos elementos se derivan primariamente de la filosofía cristiana, y con el advenimiento de la laicidad como fundamento del ejercicio de la política así como el ensalzamiento del racionalismo como virtud prima de lo jurídico, encontramos que lo moderno es centralmente producto de las reivindicaciones burguesas que se impusieron mediante las revoluciones liberales (inglesa, estadounidense y francesa), mediante las cuales se “institucionalizó el Estado como detentador de los  poderes públicos (por oposición a la sociedad civil), el Derecho como instrumento de organización de la sociedad, la democracia representativa como modelo de organización política y  con importancia para el tema que aquí se ha de tratar, la separación entre lo social (pluralidad mediada por sus muestras espontáneas y cotidianas de vida) y lo político (pluralidad mediada por relaciones de poder que organizan las estructuras de la pluralidad)”[1].

Estos conceptos han entrado en crisis. Las sociedades post-industriales se caracterizan por la cosificación de los individuos y su reducción a simples “sujetos funcionales” en términos de Luhmann, lo cual ha llevado al rompimiento de los lazos tradicionales de congregación de la comunidad política, produciendo las sociedades altamente fragmentadas que hoy conocemos. En torno a éstas, la filosofía política de la postmodernidad se cuestiona acerca de la legitimidad del aparato de poder que les subyace: Un Estado liberal donde sólo opera la democracia representativa.

Teniendo en cuenta a Negri se analizará entonces la necesidad de generar desde el poder constituyente unos mínimos de integración social.

  1. La “sociedad” colombiana: Exclusión y fragmentación desde la Constitución de 1991

Colombia es un Estado para el cual no ha correspondido una sola Nación, para hacer alusión al prototipo de Estado moderno. Por el contrario, no sólo encontramos en nuestra sociedad una pluralidad de ethos originarios, (lo que constitucionalmente se enmarca en el reconocimiento de la plurietnicidad y el  multiculturalismo), sino también una pluralidad de ethos derivados del proceso de fragmentación social, que se encuentran las más de las veces contrapuestos de forma irreconciliable entre sí, en algunos casos de forma violenta como es el caso de los grupos subversivos frente al Estado. Tal sociedad fragmentada requiere unos consensos mínimos entre dichos ethos para que todos sean defendibles reduciendo los niveles de agresión y aumentando la cohesión. Así pues, la Constituyente de 1991 se reunió con el fin de reintegrar a la sociedad en sí misma y relegitimar el Derecho dentro de nuestra sociedad en tanto se llegaran a consensos.

En este contexto, la pretensión de este trabajo es hacer una lectura de la reciente experiencia constituyente colombiana desde Negri, todo ello a la luz de los análisis de Oscar Mejía Quintana, sin perder de vista la relación entre Derecho y Política que estructura la Constitución.

En este apartado es pertinente preguntarnos acerca de cómo la Asamblea Constituyente se relaciona con el poder constituyente. ¿Puede decirse que el ejercicio de redacción de la Constitución por una representación del conglomerado social es un ejercicio real del poder constituyente en el marco del entendimiento de Negri? ¿En tal sentido es posible afirmar que la Constitución de 1991 deviene del poder constituyente colombiano? La hipótesis a defender en el texto será que desde Negri no se puede llegar a tal conclusión, precisamente porque el poder constituyente no puede ser excluyente, dado que no se basa en la representación simple sino en la participación de la multitud, que es el agregado de todos los actores sociales no hegemónicos, quienes fueron claramente excluidos del proceso que pretendía refundar a la nación colombiana. Así, la asamblea constituyente del 1991 no fue una manifestación del poder constituyente y ni siquiera su representación.

  1. Poder constituyente, multitud e imperio en Negri

La noción de poder constituyente en Negri se condensa en el libro El poder Constituyente[2] , en donde desarrolla un trabajo tendente a identificar cuál es el sujeto de acción que en el actual momento histórico está en condiciones de representarlo, esto es, de constituirse en la fuente verdadera de alternativas de superación a la desigualdad y crisis política presente.

El libro abarca esta problemática desde la elaboración conceptual del poder constituyente  que a su turno implica la noción de Multitud.  Esta última es el sujeto del poder constituyente, quien activa el procedimiento que el constituyente necesita para mantenerse absoluto. En el plano subjetivo, la multitud aparece como el conjunto de todos los explotados y subyugados, quienes se oponen directamente al imperio, sin mediación entre ellos.[3] En cuanto al poder constituyente como procedimiento absoluto, corresponde esta definición a la reformulación del comunismo que hace Negri, en el que la multitud se organiza en torno a la potencia del trabajo vivo. Esta relación entre multitud, potencia y trabajo vivo da sentido a la noción revolucionaria de Democracia Real.

La tendencia histórica del poder constituyente es nutrir su potencia en la lucha y organizar en torno a ella la fuerza de la multitud, que es sinónimo de democracia absoluta o real. Ésta se identifica con la crítica al poder, y con la emancipación del trabajo, mediante la realización del trabajo vivo “que debe ser la fuente de toda producción: cooperativa, no alienante”. Así, el proceso absoluto del poder constituyente nunca se detiene. La multitud es además la inteligencia colectiva, una fuerza unitaria y ordenadora que pueda ser constitutiva de un tiempo real.[4] Este paso de la conciencia individual a la colectiva se concreta en el paso del obrero masa al obrero social como sujeto revolucionario. Así, la revolución no es anárquica, sino dirigida de forma organizada por la multitud.

Negri propone entonces un modelo de democracia radical en la que lo social y lo político se construyen conjuntamente, La democracia radical “tiende hacia la desaparición del poder constituido y lo reemplaza por la permanente e ilimitada expresión de la potencia[5]”. Es por esto que no concuerda con el modelo liberal: “La democracia por lo tanto, significa la expresión multilateral de la multitud y con ello es la negación pura del constitucionalismo como poder constituido, puesto que el constitucionalismo niega la absolutez del poder constituyente y de la radicalidad de la democracia al imponerles un orden y una jerarquía externos a ellos”; “lo moderno pretende imponer una idea prefijada del deber ser de la organización de la comunidad, frente a la naturaleza ilimitada del poder constituyente”[6]

  1. El origen constituyente de la crisis política

Para llegar a una conclusión frente a este problema, debemos partir entonces del siguiente hecho histórico, que reseña Mejía como punto de partida para la frustración de las expectativas constitucionales: La Carta de 1991 pretendía terminar con la exclusión histórica de los actores sociales que se había agudizado tras la repartición del poder entre los partidos tradicionales durante el Frente Nacional, pero no logra su cometido, y se revela hoy como el “producto de un contrato parcial que debe ser extendido”[7]. El 9 de septiembre de 1990, día de conformación de la Asamblea Nacional Constituyente se desata la ofensiva contra Casa Verde, que había sido símbolo de los diálogos de paz por más de diez años, lo cual signó el nacimiento de la Constitución más como un pacto de guerra que como un pacto de paz y reconciliación entre los diversos ethos que se relacionan en el escenario colombiano. Este hecho cerró las puertas a las FARC y otros grupos alzados en armas para que se integraran al proceso; lo cual es un contrasentido, pues en todo caso, la Constitución tenía como fin primordial el logro de la paz, mediante la deliberación de los contendientes y por consiguiente la garantía de la vida de los ciudadanos y de la convivencia.

Eso hace que la Constitución de 1991 se convierta en discurso que esconde la dominación hegemónica que siempre hemos sufrido tras “los ropajes seductores de un Estado Social de Derecho, sin que la sociedad en sí misma fuera tenida en cuenta, y una democracia participativa, sin participación de todos los actores que reclamaban la inclusión”. A esto se suma el acuerdo del 7 de junio de 1991 entre el partido liberal, el Movimiento de Salvación Nacional, el M-19 -que supuestamente representaba a los sectores y movimientos progresistas pero que terminó insertándose en el esquema de gamonales – y el Gobierno neoliberal de César Gaviria, en donde se delineó el texto básico de la Constitución, que vendría a ser el que se impusiera en la Asamblea Constituyente, violando así su autonomía como institución, y tornando a la Constitución en un pacto de interesados. Con ello se logró la imposición del sistema neoliberal a nivel económico, y por otra parte, el recrudecimiento del conflicto armado. El proceso constituyente al ser usufructuado por las elites, bajo el discurso pacifista y social con el fin de perpetuar su dominación, creó a nivel simbólico en el país no sólo una frustración histórica, sino que aceleró el proceso de deslegitimación institucional que hoy por hoy parece resolverse con la invocación de la autoridad perdida (regreso a la legitimación carismática).

La nueva constitución se encuentra entonces en crisis puesto que no ha logrado consolidarse entre los sujetos colectivos en conflicto, por el esquema restringido neoliberal de la Asamblea constituyente de 1991 y por el formalismo de nuestro sistema jurídico. Al no existir una amplia participación del pueblo colombiano (poder constituyente) en los procesos constitucionales, en donde se toman decisiones de interés general, se ha agudizado el conflicto armado en Colombia, pues “la única alternativa de la población excluida para afrontar la crisis económica, política y social es la guerra”[8].

Así las cosas, la superación de la crisis de legitimidad sólo tiene una alternativa plausible: la convocatoria a una Asamblea Nacional que reforme la Constitución de 1991 con la inclusión de las facciones excluidas del pacto constitucional. Las eventuales reformas deben concretar un modelo de democracia deliberativa, por cuanto el poder constituyente es dinámico. Así pues, es evidente que al no ser refrendadas las exigencias de ciertos actores frente a la promesa constitucional, este proceso no está clausurado. Como bien explica Negri, el poder constituyente actúa permanentemente. La soberanía popular, entendida como poder constituyente no puede tener un contenido pétreo, sino que el ordenamiento debe estar garantizando su ejercicio permanente mediante la deliberación y la concertación aún de las minorías, más aún cuando el poder constituido y el constituyente no están compaginados. En últimas el Derecho ha actuado como disgregador social y no como unificador de la Nación.

La Constitución es la muestra más clara de la interconexión entre Derecho y Política. El poder constituyente es el puente que hace posible que entre la sociedad y el Derecho haya concordancia. En Colombia no se dio, existió una asamblea constituyente, que como ya se dijo, no fue sujeto del poder constituyente sino la representación de las estructura hegemónicas tradicionales que buscaban la perpetuación de la dominación. En este caso, la norma de normas, es al tiempo la Carta Política de los juegos de poder tradicionales que se nos han presentado como vanguardistas, antiformalistas, garantistas y progresistas bajo la idea del Estado Social de Derecho.


[1] MEJÍA QUINTANA, Oscar. “El Poder constituyente en Negri y Habermas: Aproximaciones descriptivas y perspectivas críticas”. Poder constituyente, conflicto y constitución en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes (CIJUS). 2005. p.36.

[2] NEGRI, Antonio. El poder constituyente. Madrid: Libertarias. 1994.

[3] NEGRI, Antonio. Imperio. Bogotá. Desde Abajo. 2001. p. 369

[4] NEGRI, Antonio. El poder constituyente.  Op. cit.,p.49

[5] NEGRI, Antonio. El poder constituyente.  Op. cit., p.45.

[6] NEGRI, Antonio. El poder constituyente.  Op. cit.,p. 408

[7] VALLEJO MEJÍA, Jesús. “Reflexiones críticas sobre la Constitución de 1991”. La Constitución por construir. Bogotá. Centro Editorial Universidad del Rosario. 2001. p 13.

[8] MEJÍA QUINTANA, Oscar y Maritza Formisano Prada. “Hacia una asamblea constitucional como instrumento de democratización y herramientas de paz en Colombia”. Revista de estudios sociales Nº 1. Bogotá. Universidad de los Andes (Facultad de Ciencias Sociales). 1998.

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